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martes, 13 de septiembre de 2016

¿Premios a la delación?


El anteproyecto de ley presentado por el diputado del MPP Walter de León para "premiar con dinero a los usuarios de Uber que denuncien a la empresa" no tuvo eco en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que trabaja desde hace semanas en un posible marco regulatorio para todas las aplicaciones tecnológicas.

Luego de su sesión de este lunes, el presidente de la comisión, el nacionalista Rodrigo Goñi, dijo a Montevideo Portal que la propuesta del diputado De león "distorsionó" el trabajo de la comisión debido a que "el texto va en sentido contrario al trabajo de los legisladores, que estudian alternativas en torno a un proyecto enviado por el Poder Legislativo".

Parece un tanto absurdo que el mismo sector que critica a Héctor Amodio Pérez acusándolo de "delator"- acción que habría desarmado la guerrilla del movimiento tupamaro- proponga premiar con dinero a quienes se infiltren en la aplicación para disolverla... Seguramente se trata de los remanentes vernáculos de aquellos "comisarios barriales" tan comunes en la Unión Soviética, en la España franquista, en Cuba y en otros regímenes totalitarios que tan campantes promovían esta inconducta ciudadana. O las delaciones medioevales a la inquisición, acusando de brujas o de adeptos del demonio a aquellos que tenían conductas o creencias diferentes.

Uno cree haber escuchado todo o casi, pero el asombro no cesa. O será que la libre competencia como expresión de la democracia no pasa por algunas cabecitas...


Del ridículo no se vuelve...
La propuesta del señor representante por San José establece que "aquellos usuarios que se arrepientan del uso del servicio puedan denunciarlo" y, de paso, hacerse acreedores a una recompensa de $ 138.000. Una cifra nada despreciable salvo quizá para George Soros o el gerente de Alur.

La idea de De León es promover que se descubra una actividad que está fuera de la ley, pero lamentablemente para su impulsor el proyecto de ley de marras es un disparate de comienzo a fin. Basta observar la reacción en las redes sociales donde economistas, políticos, periodistas y una larga fila criticaron con ácido humor la propuesta. Sirve como ejemplo el tuit del publicista Pipe Stein: "El Arrepentido de Uber" es Campana de Oro, no hay con qué darle.

La propuesta fue, en un hecho no vinculado a lo anterior, difundida a la prensa por la gremial del taxi, y establece en su artículo primero: "Cuando se desconozcan mediante el uso de aplicaciones informáticas las leyes, reglamentos, y todas las disposiciones en el sector del transporte, las autoridades competentes departamentales y/o Nacionales estarán autorizadas a utilizar las figuras del testigo colaborador y el usuario arrepentido a fin de identificar y sancionar a los infractores".

El curioso artículo equipara el "testigo colaborador" a la figura del "arrepentido" que es quien se arrepiente de un delito cometido y colabora con la autoridad para dar captura a otros delincuentes con el beneficio de la reducción de su pena. No tiene por lo tanto nada que ver con esta figura del buchón público o del cazarrecompensas al estilo del Lejano Oeste.

Además, de acuerdo a nuestra legislación, los usuarios de Uber arrepentidos son pasibles de incurrir en incitación al delito, por lo que ellos mismos podrían quedar a disposición de la Justicia. El tierno argumento de De León es que eso no ocurriría si el denunciante se arrepiente luego de pedido el viaje y no actúa con premeditación. Dada la suculenta recompensa prevista parece de Ripley esa explicación, más cuando el propio Oscar Dourado declaró: "Los gurises en vez de cazar pokemones van a cazar Uber". No cabe duda de que al menos va a ser más lucrativo.

El ridículo sigue en su artículo segundo, donde solo falta declarar beneméritos de la Patria a los buchones: "Se considera testigo colaborador de la seguridad social, del sistema nacional integrado de salud y las leyes a toda persona que en el sector del transporte identifique a conductores y a los vehículos que no están autorizados, para lo cual deberá aportar los medios de prueba necesarios".

El artículo octavo establece la parte crematística del asunto: "Al informante y al arrepentido las autoridades departamentales o Nacionales le otorgarán un premio como reconocimiento que no podrá ser inferior a 150 UR. Se financiará mediante las multas correspondientes, el cual estará exonerado de impuestos". El premio exento de impuestos no tiene financiación y le tira el fardo al Gobierno nacional o al departamental, lo que es un nuevo absurdo, pero menor al lado de la idea general. (Una redacción pésima, además. El emepepista legislador, ¿habrá terminado Primaria?)

El proyecto del representante por San José se convirtió en uno de esos episodios en que es tal el ridículo alcanzado que no tiene retorno. Toda persona con exposición pública está expuesta al juicio de la sociedad, pero cometer un error tan grande -por escrito y en forma de proyecto de ley- es lapidario. Más allá de los aplausos de la gremial del taxi, la reacción de la sociedad por diversos medios dejó en claro que si hay algunos arrepentidos por estos días deben ser los votantes del diputado.

Y hay otro aspecto nada menor que es la actitud frente al cambio. Como escribió el lunes en una columna de opinión el director de la juventud nacionalista Felipe Paullier: "Proyectos como los de De León buscan detener el paso del tiempo y pelearse contra una realidad que se vuelve omnipresente. Lo que necesitamos son propuestas sensatas para asegurarnos de que el Uruguay esté en condiciones no sólo de no verse golpeado por la revolución tecnológica en curso, sino aprovecharla para ser un país de avanzada donde se generen inversiones, trabajos y oportunidades para todos. Este es el foco que deben tener nuestras políticas, pensando cómo ganar el futuro y no cómo recrear el pasado que ya fue". Nada que agregar. Excepto que no solo es lastimoso sino preocupante que quienes están para legislar muestren semejante grado de incompetencia.

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